Economía

Contratistas deberán obtener certificación antisobornos

Contratistas deberán obtener certificación antisobornos

El Gobierno prepara una resolución para que las empresas que contraten con el Estado obtengan la certificación de sistemas de gestión antisoborno bajo las normas ISO 37001.

Así lo dio a conocer el lunes 18 de marzo Iván Granda, secretario nacional Anticorrupción, en un evento en el que se abordó el tema de la transparencia de las empresas públicas.

“Trabajamos en esa resolución para que quien no se certifique no pueda contratar más con el Estado”, manifestó el funcionario. Puntualizó que la medida será en función de las cuantías de los contratos.

“Hay más de 100 empresas con giros de contratación de más de $ 10 millones y otras, como las pymes (pequeñas y medianas empresas), las cuales deberán cumplir con normas INEN”, agregó Granda.

Por otra parte, señaló que se dispuso la creación de unidades anticorrupción en el sector público y se empezó en las empresas CNEL, Celec, Petroecuador y Petroamazonas. “Estas unidades deberán realizar acciones preventivas, correctivas e investigativas”, puntualizó el secretario anticorrupción.

Señaló que quienes integrarán estas unidades serán parte de un proceso relacionado a los acuerdos con organismos mutilaterales, quienes establecerán el riesgo en el giro de negocios de la empresa.

De su lado, Sergio Enderica, gerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), resaltó la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado en su lucha contra la corrupción.

En ese sentido, destacó, es necesario desarrollar más espacios de reflexión sobre la transparencia en la gestión pública. Cuestionó, además, que en el anterior gobierno la corrupción se institucionalizó y por ello, el actual régimen lleva adelante una política pública para combatir esta problemática.

Por otra parte, el titular de EMCO EP destacó la importancia de crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción que contribuya a fortalecer la institucionalidad, con el fin de que los casos sean judicializados y no queden en la impunidad. (I)