Mundo

Indignación por reducción de penas contra narcotráfico y corrupción en Honduras

Indignación por reducción de penas contra narcotráfico y corrupción en Honduras
Tegucigalpa -

La reducción de las penas por narcotráfico y corrupción, como parte de una reforma del Código Penal, desató una fuerte polémica en Honduras, en momentos de señalamientos de numerosas figuras públicas acusadas de ambos delitos.

El nuevo código, que entrará en vigor el 10 de noviembre, se aprobó este mes "sin escuchar a la ciudadanía y crea mucha suspicacia" por la reducción de las penas para los delitos por narcotráfico y corrupción, dijo el coordinador de la Asociación de Jueces, Mario Díaz.

Esas nuevas normas judiciales, promulgadas el pasado 10 de mayo, también fueron criticadas porque mantienen en el ámbito penal los delitos contra el honor, como calumnia e injuria, en lugar de remitirlos al fuero civil como recomienda el sistema interamericano de derechos humanos.

El narcotráfico se castigará con condenas de entre cuatro y siete años de cárcel en la nueva legislación, frente a las penas de entre siete y 10 años del Código Penal vigente.

Los delitos castigados con menos de cinco años de cárcel se podrán conmutar por una multa equivalente a 40 centavos de dólar por día.

El diputado opositor Rasel Tomé comentó que la reducción de penas para narcotráfico y corrupción se da en momentos en que varios funcionarios, exfuncionarios y empresarios están acusadas en los tribunales por esos dos delitos.

Honduras, como el resto de Centroamérica es considerado como un puente para el tráfico de drogas desde los países productores suramericanos hasta el mercado estadounidense.

Una decisión 'bastante grave'

Un total de 24 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos desde 2014 y una decena se entregaron o fueron capturados, como es el caso de Juan Antonio Hernández, hermano menor del presidente Juan Orlando Hernández, calificado como "narcotraficante a gran escala" por una corte de Nueva York.

"De manera descarada se están blindando los corruptos", denunció el abogado y experto en derecho penal Odir Fernández en el programa Frente a Frente del canal Televicentro.

Tomé lamentó que los delitos contra el honor "se amplían porque no solo castigan al periodista, sino también a los dueños de los medios de comunicación y a la redes sociales" por reproducir publicaciones.

Mario Díaz consideró que mantener los delitos contra el honor y las protestas en la legislación penal "es bastante grave porque se puede desatar una cacería de brujas para acallar a la prensa y la protesta social".

Ante las críticas, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, anunció en un Twitter que "un equipo técnico se reunirá con diferentes sectores de la sociedad relacionados con el nuevo Código Penal(...) que podrían llevar una revisión".

Expresidente Lobo es investigado

Una misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras reveló que investiga al expresidente Porfirio Lobo por su presunta participación en lavado de dinero del narcotráfico, en medio de una pesquisa más amplia sobre su gobierno entre 2010 y 2014.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que opera en el país desde 2016, anunció que está investigando a 12 personas, entre ellos un exministro de Lobo, uno de sus hijos -quien fue condenado a 24 años de cárcel en Estados Unidos- y un excabecilla de un cartel local, que también enfrenta juicio en ese país.

El fiscal brasileño a cargo de la investigación, Luis Guimaraes Marrey, dijo que iniciaron el proceso tras declaraciones en 2017 del narcotraficante Devis Leonel Rivera ante una corte estadounidense, en las que aseguró que aportó dinero a la campaña electoral que llevó al poder a Lobo en 2010.

El lavado de dinero se habría llevado a cabo a través de contratos de obras de construcción de empresas creadas por el cartel local del narcotráfico de "Los Cachiros", con la estatal Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por unos 2.8 millones de dólares, según la acusación.

Miguel Pastor, quien fue el titular de SOPTRAVI durante el gobierno de Lobo, se entregó a un tribunal anticorrupción en Tegucigalpa el jueves por la noche, al igual que otras dos personas acusadas por la misión de la OEA. (I)