Mundo

Líderes sociales reclaman respeto a DD.HH. ante la OEA

Líderes sociales reclaman respeto a DD.HH. ante la OEA

Miembros de la sociedad civil de la región manifestaron ayer sus demandas en materia de derechos humanos ante líderes de las naciones que participan en la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra en Medellín, Colombia.

Más de 1.000 representantes de comunidades, etnias, grupos religiosos y activistas que defienden los derechos de la comunidad LGTBI, reclamaron a los gobiernos el respeto a la vida, a la democracia y a los valores que son parte de la Carta de la OEA.

El secretario general del organismo interamericano, Luis Almagro, dio la bienvenida a los participantes. “Ustedes son una referencia para nosotros”, dijo el funcionario al comienzo del evento.

La cumbre está centrada en temas críticos para los países como el fortalecimiento de la democracia, defensa de los derechos humanos, el desarrollo y el progreso social de la región.

El evento, que concluirá mañana, tiene en la mira además la crisis social en Nicaragua y Venezuela.

David Gómez, de la ONG Aula Abierta, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito universitario, se refirió en entrevista con VOA al caso de Nicaragua.

“Daniel Ortega preside un régimen autoritario en Nicaragua, repite patrones de represión contra los estudiantes universitarios, copiados de la experiencia venezolana”, dijo Gómez.

Las protestas contra el presidente nicaragüense se iniciaron el 18 de abril de 2018 y suman 317 muertos, según las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que otras organizaciones humanitarias contabilizan 448 víctimas mortales y el Ejecutivo, 197.

Azahalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de Nicaragua, mencionó que a la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos en las Américas le preocupan tres temas, que van desde los ataques a la integridad física de los defensores hasta la debilidad del Estado de derecho y la falta de compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La activista dijo que la situación en “Brasil, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Venezuela y Colombia -con 155 asesinatos de personas defensoras el año pasado- hacen que Latinoamérica sea la región más peligrosa para defender derechos en el mundo”.

La opositora cubana Rosa María Payá participó en el evento, en el que aludió a la situación “de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y periodistas en el hemisferio”, en países como Cuba, Nicaragua y México.

Se refirió a casos de “violencia gubernamental, detenciones arbitrarias, acoso, deportaciones forzosas y limitación de movimiento”. Aludió a que 12 activistas cubanos fueron impedidos de asistir al evento.

600 casos de torturas
También abordó la crisis en Venezuela y Nicaragua: “Destacamos que la transición hacia regímenes totalitarios en estos países tiene lugar bajo la influencia directa o indirecta del régimen de La Habana”, dijo Payá, hija del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá.

La abogada venezolana Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla de Praga, centro especializado en estudios de América Latina, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) expedientes con hasta 600 casos de torturas atribuidos al régimen de Nicolás Maduro.

Por su parte, Christopher Hernández, asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que el organismo tiene el compromiso de enfrentar los crímenes de lesa humanidad en la región.

“La Secretaría General de la OEA no encuentra posible hacer caso omiso a los testimonios y las denuncias de los venezolanos, nicaragüenses y cubanos (sobre crímenes de lesa humanidad)”, afirmó Hernández, quien representó a Almagro en el panel.

También intervino en el evento Yudith Botero, activista de la Coalición Nacional por la Paz, la Laicidad y los Derechos Humanos. “El acuerdo de paz firmado por el gobierno nacional y las FARC (exguerrilla) se encuentra bajo ataque”, dijo.

Botero acusó a los poderes ejecutivos y legislativos de “iniciar una cruzada para terminar con la jurisdicción especial de paz”. (I)