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Se encamina a su fin el juicio a independentistas catalanes

Se encamina a su fin el juicio a independentistas catalanes
Madrid -

El histórico juicio a doce líderes independentistas por el fracasado intento de separar a Cataluña de España en 2017 avanza a su fin este miércoles, tras cuatro meses de mediatizadas audiencias que han impactado de frente a la política española.

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, otros miembros de su ejecutivo, la presidenta del Parlamento catalán y los responsables de dos asociaciones independentistas: los acusados podrán decir sus palabras finales este miércoles en una sesión que podría extenderse hasta el jueves.

Luego, el juicio quedará visto para sentencia, la cual no se espera antes del otoño.

Con el principal protagonista de la tentativa secesionista huido en Bélgica, el expresidente regional Carles Puigdemont, la cara más visible ha sido su antiguo número dos, Oriol Junqueras, quien podría enfrentar 25 años de cárcel por rebelión.

Otros ocho separatistas, quien como el exvicepresidente catalán están en prisión preventiva desde hace más de un año, también son acusados de rebelión, mientras que los tres restantes responden por los delitos más leves de desobediencia y malversación.

  • Principales actores políticos del conflicto en Cataluña

Para marcar el fin del sensible proceso televisado, los independentistas están convocados a manifestarse en Barcelona, donde este miércoles colocaron una pantalla gigante, para seguir las intervenciones de quienes consideran "presos políticos".

"El juicio es una anomalía democrática", estimó a la AFP, Abel Vilà, estudiante de 25 años, que portaba una bandera independentista.

La controvertida "violencia"

"Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos", lanzó Junqueras en febrero al fustigar un juicio "político" contra un separatismo "pacífico".

Un alegato político permitido por el magistrado Manuel Marchena, quien ha presidido el proceso equilibrando firmeza con flexibilidad a sabiendas de que los acusados recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La fiscalía ha calificado los hechos de 2017, que incluyeron el el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación ilegal y el 27 la declaración del Parlamento catalán de una república que nunca se concretó, de "golpe de Estado" en medio de un "clima insurreccional".

A su juicio, hubo violencia, esta última una cuestión determinante ya que es indispensable para sustentar el delito de rebelión.

La noción de la violencia, muy controvertida incluso entre expertos, es negada tajantemente por las defensas, que afirman que en el peor de los casos hubo desobediencia, un delito que conlleva inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero no prisión.

La acusación parte "de un relato de hechos que no se ajusta a la realidad de lo acontecido", abundó este miércoles Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, uno de los acusados.

"Ése es el discurso de la acusación: sesgo y exageración", denunció un día antes Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras, criticando la violencia policial que marcó el referéndum de autodeterminación, imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Los puntos de vista antagónicos reflejan la pugnaz realidad fuera del Tribunal Supremo: a más de año y medio de la tentativa independentista, el separatismo sigue dividiendo a la población catalana y remeciendo la política española. (I)