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Asamblea Nacional cierra el segundo debate del proyecto de Ley que prohíbe el consumo y venta de drogas en espacios públicos

Asamblea Nacional cierra el segundo debate del proyecto de Ley que prohíbe el consumo y venta de drogas en espacios públicos
Quito -

La Asamblea Nacional cerró el segundo debate del proyecto de Ley que prohíbe el consumo de drogas sujetas a fiscalización en espacios públicos y eventos de concurrencia masiva, y faculta a los agentes municipales y metropolitanos aprehender en delito flagrante a las personas que se dediquen al microtráfico.

El proyecto involucra a los gobiernos autónomos descentralizados en planes de prevención, disuasión, vigilancia y control del uso y consumo de drogas en espacios públicos. Para ello, deberán determinar los espacios públicos, bienes de uso públicos y bienes afectados al servicio público en los cuales se regulará, prohibirá y controlará el uso y consumo.

Héctor Yépez, presidente de la comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, pidió tiempo para ajustar los textos y recoger algunas observaciones que se realizaron durante el debate, como la advertencia que hicieron los correístas y socialcristianos de que se pretende criminalizar el consumo.

Yépez aclaró que el texto en debate en ninguna parte criminaliza el consumo lo que se dice es que los municipios podrán impedir el consumo de drogas en los lugares públicos, porque tienen esa potestad de regular el uso del suelo.

En torno a la participación de los agentes de seguridad municipal y metropolitana indicó que si bien en el COIP se incluye no hay ningún inconveniente que en esta Ley se explicite la participación de este sector para aprehender a quienes es sorprendido en delito flagrante en actividades de microtráfico.

Medios de comunicación

En la Ley se busca incluir una normativa que permita regular los contenidos en los medios de comunicación respecto al uso y consumo de drogas. Los legisladores buscan la forma de prohibir la difusión de películas, series y programas que inciten o veneren el tráfico, consumo y uso de drogas sujetas a fiscalización.

El legislador Héctor Yépez, dijo que está en análisis el texto para incluir un porcentaje de al menos del 2% de la programación en medios privados y 5% en medios públicos destinada a prevención.

En otra parte de la Ley, se establece la Policía Nacional podrá en coordinación con la autoridad educativa nacional y los gobiernos autónomos descentralizados desarrollar actividades de monitoreo y vigilancia en los centros educativos públicos y privados; así como en sus exteriores respecto a venta y consumo de drogas.

Que los gobiernos autónomos descentralizados podrán impulsar y apoyar la creación y mantenimiento de centros de tratamiento ambulatorio o centros especializados en coordinación con las entidades del sector público, privado y organizaciones sociales y de cooperación internacional.

Se crea un fondo nacional para la prevención integral de drogas con los bienes y valores incautados provenientes del procesamiento de los delitos de producción o tráfico ilícito de drogas, así como del producto de su gestión, administración y venta por parte de la entidad encargada. Cuyos fondos servirán para financiar o cofinanciar las acciones preventivas de los gobiernos autónomos descentralizados.

El legislador Henry Cucalón (PSC), señaló que el texto es confuso, y deja la puerta abierta para tratar como delito el consumo de drogas, algo que se encuentra despenalizado desde 1997, que es distinto al tema del tráfico.

Lo loable del proyecto se pierde cuando en la práctica la prevención termina en persecución por que esconde e invisibiliza la tragedia que viven los consumidores y sus familias. A la final se terminará criminalizando el dolor de quienes consumen, anotó.

Cuestionó que con esta Ley se pretende obligar a los municipios y señalar cómo utilizar y destinar un porcentaje de sus recursos para tareas de prevención, lo cual violentaría el principio de autonomía.

Indicó que no hay ninguna novedad en el proyecto de Ley respecto a la atribución de los agentes municipales para aprehender a quienes cometen el delito de micro tráfico de drogas en los espacios públicos, cuando eso ya se dispone en el Código Orgánico Integral Penal. Para el legislador esta norma será un mensaje lesivo a las fuerzas del orden. (I)