Nacional

Autoridades y asambleístas ofrecen investigaciones por entrega irregular de carnés de discapacidad

Autoridades y asambleístas ofrecen investigaciones por entrega irregular de carnés de discapacidad
Quito -

Mientras dos asambleístas pidieron que se investigue la supuesta entrega irregular de carnés de personas discapacitadas, el Gobierno anunció ayer una serie de medidas que van desde una auditoría hasta cambios en el programa informático del Sistema Nacional Electrónico de Discapacidades.

El sistema de entrega de estos documentos ha sido cuestionado a raíz de que durante las investigaciones por supuestas irregularidades en la compra de medicamentos se descubrió que varios sospechosos habían importado vehículos con deducción de impuestos debido a su condición de personas discapacitadas. Entre ellos Daniel y Noé Salcedo, así como los funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado César Rodríguez Fontecilla y Carla Cárdenas. Por otro lado, se ha denunciado en redes sociales que algunas autoridades también tienen esa credencial y han importado carros.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció en un comunicado que “presentará las respectivas denuncias” ante la Fiscalía General del Estado en contra de funcionarios que se encuentren involucrados en estos hechos y que fortalecerá los procesos de calificación para “evitar la utilización dolosa” de este beneficio y derecho de las personas con discapacidad. Ayer se emitió un nuevo acuerdo ministerial reformando el reglamento interno sobre la calificación, recalificación y acreditación de personas con discapacidad.

El ministro Juan Carlos Zevallos indicó, además, que se se evaluaron 2281 carnés de discapacidades entregados durante la actual emergencia sanitaria, de un total de 3 mil, y que de estos nueve casos se denunciaron a la Fiscalía. Finalmente, el ministerio anunció que se desarrollará un nuevo sistema informático para evitar manipulaciones en la emisión de los carnés.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), en el país existen 485 000 personas con discapacidad debidamente registradas y que tienen esa credencial. De ellas, el 25,2 % se encuentra en la provincia de Guayas y el 15,9 %, en Pichincha.

De una revisión realizada por EL UNIVERSO, una decena de autoridades nacionales y seccionales tiene la credencial de discapacidad, aunque no todas se han beneficiado de las exoneraciones en la importación de vehículos, de acuerdo con la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas (Senae). Dos de ellos son los alcaldes de Babahoyo, Carlos German Gaibor, y de La Maná, Hipólito Carrera Benites. El primero sí importó un vehículo en los últimos cinco años. Ninguno contestó las llamadas ni los mensajes de este Diario.

En la Asamblea son cuatro legisladores: Marcia Arregui, Israel Cruz, Ramón Terán y Fabricio Villamar. Este último importó un vehículo en enero de 2020 y en entrevistas ha señalado que tiene una discapacidad auditiva y que compró una camioneta para usarla en actividades agrícolas.

Arregui señaló a diario La Hora que tiene una enfermedad crónica desde hace muchos años y que obtuvo su carné bajo todos los parámetros legales y médicos.

Finalmente, Cruz posteó un mensaje en su Facebook en el que señaló que obtuvo el documento hace más de cinco años por una discapacidad derivada de una enfermedad.

En los registros constan los esposos de Elizabeth Cabezas, Javier Vaca, y de Wilma Andrade, Marco Morales, que también importaron carros. Morales indicó a este Diario que a pesar de que sufre de varias dolencias desde hace diez años, recién en el 2019 obtuvo su credencial de persona con discapacidad al 56%. Precisamente Cabezas intervino ayer en la Asamblea para pedir que se fiscalice la supuesta entrega irregular de credenciales a personas con discapacidad. Relató que su esposo tuvo un accidente de tránsito en los años 80. Pidió la comparecencia del ministro Zevallos al Parlamento.

La expresidenta del Legislativo recordó que cuando se reformó la Ley de Discapacidades, el MSP asumió a partir del 2012 la competencia de la calificación a quienes solicitaban un carné.

A su vez, la asambleísta Marcela Holguín presentó un borrador de resolución de siete puntos, en el que pide la comparecencia de varias autoridades, como los titulares de Aduanas y del Conadis.

El presidente del directorio del Conadis, Xavier Torres Correa, hizo un llamado a todas las autoridades que tengan un carné de persona con discapacidad a que transparenten sus expedientes. “Los cargos son pasajeros pero las discapacidades son permanentes”, destacó.

“Hace más de 31 años recibí cinco tiros y utilizo una silla de ruedas, tengo un derecho y lo he aplicado”, indicó. Torres aparece en los registros por haber importado un carro en octubre del año pasado. No es el primero, lo he hecho varias veces siempre en derecho, aseguró.

Reveló que el Conadis ha presentado ya tres denuncias a la Fiscalía por supuestas irregularidades en la entrega de carnés en las últimas semanas, cuando se conoció la entrega de una credencial a Daniel Salcedo. En ese sentido pidió que se organice una veeduría ciudadana en las provincias con mayor número de credenciales entregadas.

El director del Centro de Inteligencia Estratégica, Juan De Howitt, también tiene un carné de persona con discapacidad. En su cuenta Twitter indicó que desde hace 14 años tiene una enfermedad del corazón, pero que nunca ha importado un vehículo. De Howitt está hospitalizado desde el 20 de junio pasado porque contrajo COVID-19.

El otro funcionario es el gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, quien relató a radio Fluminense que obtuvo su carné de discapacidad en el 2007, que caducó en 2018. Aseguró que no ha hecho uso de la credencial para nada.

Ley de Discapacidades

La Ley Orgánica de Discapacidades permite deducir del pago de impuesto a la renta un valor adicional, que va de acuerdo con el porcentaje de discapacidad que conste en el carné acreditado por el MSP y el Conadis. Un tercero responsable de la manutención de una persona con discapacidad también puede aumentar su deducción del impuesto.

Los porcentajes van desde del 60 % al 100 % de disminución de pago de rubros cobrados por el Estado: importación de vehículos e impuestos (incluye devolución del IVA). Sobre los servicios básicos, telefónica móvil, internet y tarifas de transporte, el descuento es del 50 % sin importar el porcentaje de discapacidad que conste en la credencial. (I)