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Comisión de Justicia recomienda al pleno conceder amnistía a 20 indígenas de la Comunidad de San Pedro del Cañar

Comisión de Justicia recomienda al pleno conceder amnistía a 20 indígenas de la Comunidad de San Pedro del Cañar
Quito -

La Comisión de Justicia con nueve votos aprobó un informe favorable para que el pleno de la Asamblea Nacional resuelva y conceda la amnistía a 20 líderes y miembros de la Comunidad de San Pedro del Cañar, procesados bajo la acusación de secuestro en 2015, por aplicar la justicia indígena.

El pedido de amnistía fue planteado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), cuya vocera en este caso, Luisa María Villacís, señaló que era para 23 personas, pero luego de los filtros en la Asamblea Nacional el informe favorable acogió a 20 personas, de las cuales cuatro guardan prisión.

Los 20 líderes que integraban el consejo de justicia indígena de la Comunidad de San Pedro del Cañar, según el proceso, fueron judicializados tras aplicar la justicia de acuerdo a la cosmovisión indígena en casos de cuatrerismo, abigeato, problemas de tierras, coyoterismo e incluso temas puntuales de pandillas.

La lista de las personas que serían beneficiarias de la amnistía, si el pleno de la Asamblea Nacional logra reunir los 91 votos a favor, es la siguiente: Luis Eduardo Calle Calle; Manuel María Calle Espinosa; María Asenciona Tamay Murudumbay; Digna María Sarmiento Chuqui; Luis Manuel Morocho Sanango; José Sarmiento Jiménez (detenido); Sergio Roberto Paucar Huerta; Galo Alejandro Mateus Rodríguez; María Aurora Romero Romero; Manuel Jesús Romero Romero; Blanca Teresa Tenezaca Romero; María Josefina Sotamba Padilla (detenida); María Alegría Tenelema Romero; Luis Eduardo Calle Espinoza (detenido); Héctor Patricio Tamay Tamay; Luis Rigoberto Chimborazo Sarmiento; Zoila María Espinoza Campoverde; María Baleriana Tenesaca Romero; Víctor Aurelio Espinoza Espinoza; y, Ángel Belisario Calle Calle (detenido).

Villacís comentó que la persecución empezó en el 2015, cuando el Consejo de Justicia Indígena colaboró y algunos de ellos acudieron en buses y camionetas hacia la ciudad de Quito a las movilizaciones de agosto de ese año a apoyar a sus líderes. A partir de eso se reactivaron procesos en la justicia ordinaria contra los miembros del consejo. Por ejemplo, el presidente del Consejo de Justicia Indígena, José Sarmiento, enfrentó 25 denuncias en su contra, así como el secretario Sergio Paucar, 23 denuncias. Algunos casos están aún abiertos.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, comentó que a su criterio se trata de casos de persecución e irrespeto a la justicia indígena, por lo tanto, cabe que la Asamblea conceda la amnistía.

La Comisión de Justicia concluyó que existen elementos que evidencian que las autoridades indígenas de San Pedro del Cañar fueron judicializadas bajo los tipos penales de secuestro, secuestro extorsivo y daño a bien ajeno por aplicación de la justicia indígena.

Que los líderes indígenas y los miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar enfrentaron sistemáticas denuncias por el ejercicio del derecho colectivo.

Además que la judicialización y criminalización en contra de líderes y miembros de la comunidad responde a una lógica de poder, caracterizada por elementos políticos, sociales y culturales en un contexto de descolonización y transición hacia la plena vigencia del Estado Plurinacional e intercultural. Es decir, los delitos por los que se imputaron a las autoridades y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar son delitos conexos con hechos de naturaleza política.

Según lo determinado por la Comisión, en todos los hechos analizados se advierten motivaciones extra individuales y colectivas. Los líderes y los miembros de la comunidad actuaron en procura de precautelar bienes jurídicos relevantes para su comunidad.

En los procesos en contra de los líderes y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar se inobservó los derechos colectivos reconocidos en los artículos 57, numerales 9 y 10; así como, 171 de la Constitución de la República. Se desconoció, también, los compromisos internacionales adquiridos por el estado ecuatoriano en el marco del Convenio 169 de la OIT.

Por lo tanto, la Comisión de Justicia en su informe determinó que procede la amnistía en favor de los líderes y miembros de la Comunidad de San Pedro del Cañar por su carácter político y al tratarse de delitos no excluidos en el marco constitucional y legal ecuatoriano.

Que la amnistía en favor de los líderes y miembros de la Comunidad de San Pedro del Cañar, constituye una forma de reparación histórica y reconocimiento del derecho a la verdad y justicia.

El informe pasará a conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, para que a su vez incluya en la agenda del pleno. (I)