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Concluye instrucción fiscal contra María Alexandra Ocles, acusada de tráfico de influencias

Concluye instrucción fiscal contra María Alexandra Ocles, acusada de tráfico de influencias
Quito -

Concluyen los 120 días de la instrucción fiscal dentro del proceso penal por el delito de tráfico de influencias contra la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) María Alexandra Ocles y cinco funcionarios más de esa entidad y ahora se espera que la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, defina una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se conocerá el dictamen abstentivo, acusatorio o mixto que emita la Fiscalía.

Los procesados son acusados de tener participación en las inobservancias legales en el proceso de adquisición de 7000 kits de alimentos para ser entregados a la población afectada por la emergencia generada por el COVID-19.

La instrucción fiscal se inició el 18 de mayo pasado con la audiencia de formulación de cargos contra Ocles, César E., subsecretario de Preparación de Respuestas; Jorge O., analista de Atención Humanitaria; Mauricio C., director de Atención Humanitaria; y Ramón R., coordinador General Administrativo Financiero del SNGR. Ahí se dispuso que la instrucción fiscal durará 90 días.

Pero el 15 de agosto pasado se vinculó al proceso al analista de operaciones del SNGR, Carlos M., con ello la instrucción pasó de 90 a 120 días.

Guido Prado, abogado de Ocles, señaló que Fiscalía llega a esta fase sin elementos suficientes que demuestren el tráfico de influencias del que se acusa. Pese a ello tiene claro que este caso es político y van a buscar la acusación contra su clienta. "Fiscalía va a decir que ha cumplido con la investigación y que tiene los elementos y buscarán pasarle la pelota a la jueza Camacho para que llame a juicio".

Desde la perspectiva de Stalin Raza, abogado del director Mauricio C., en 120 días ha quedado evidenciado que su defendido "no tuvo nada que ver en la revisión ni en la elaboración de los documentos que sirvieron para la contratación" en este caso y fueron otros funcionarios quienes realizaron este proceso.

Según él, su cliente estuvo dedicado a atender emergencias de tipo humanitario durante el pico más alto de la pandemia en Guayaquil y trabajaba en temas administrativos bajo la modalidad teletrabajo.

Un informe con indicios de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría General, sobre el proceso de contratación relacionado con las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción y distribución para la “Adquisición de kits complementarios de alimentos", es parte de los elementos que mantiene Fiscalía para acusar.

Entre sus conclusiones está que el contratista Fulton Camacho realizó cambios en el RUC sobre su actividad económica principal, además de otros datos, el mismo día que presentó su oferta al SNGR, sin evidencia documental de la evaluación de la capacidad técnica, legal y económica del proveedor para la ejecución de la adquisición y posterior entrega de los kits de alimentos.

Además, en cuanto a la oferta presentada no se realizó un análisis pormenorizado y no la compararon con otras, lo que hubiera permitido a la entidad contar con una mejor opción. (I)