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El proyecto de Ley de Extinción de Dominio ya tiene informe para primer debate en la Asamblea Nacional

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio ya tiene informe para primer debate en la Asamblea Nacional

En la Asamblea Nacional se encuentra listo el informe para primer debate de un proyecto que permitirá a la Fiscalía General del Estado perseguir el patrimonio ilícitamente obtenido o no justificado en el país y en exterior.

La comisión de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado, que también se conoce como Ley de Extinción de Dominio.

Mae Montaño, integrante de la Comisión que elaboró el informe explica que a diferencia del proceso penal, en esta Ley, no se persigue a las personas sino al patrimonio, para determinar si son lícitos o no, si está justificada o no su tenencia.

Esta será una herramienta para que el Fiscal pueda perseguir a los patrimonios que estén ligados o sean el resultado a la alta criminalidad o a los hechos de corrupción que afectan al Estado producto de enriquecimiento ilícito o delincuencia organizada, narcotráfico.

Pero adicionalmente, el proyecto permitirá perseguir los bienes que están en manos de los testaferros, afirma Montaño, pues muchos bienes se ponen a nombres de familiares y terceros. Por ejemplo, citó Montaño, los bienes del ex contralor Carlos Pólit, estuvieron a nombre de su hijo, donde la actual normativa no permite acceder.

Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación, resalta que la Ley se convertirá en un instrumento fundamental para recuperar los dineros fruto de la corrupción, y que será una Ley autónoma e independiente que actúa sobre los bienes y no sobre de las personas, por lo tanto, no se violenta ninguna disposición constitucional y garantías básicas del debido proceso respecto a la propiedad privada.

Propósito de la Ley

Lo que busca este proyecto es regular el procedimiento de extinción de dominio de los bienes de origen o destino ilícito o injustificado, a favor del Estado. Sean bienes que estén en el Ecuador o en territorio extranjero.

Para ese propósito se crean unidades especializadas de extinción de dominio en la Fiscalía General con fiscales dedicados a esa materia. Además se establece la protección de identidad para los testigos, agentes investigadores y otros participantes involucrados dentro del proceso, quienes gozarán de protección y por el nivel de riesgo podrán ingresar al Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos.

Se incluye como contravención de primera clase para aquel funcionario público que sabiendo de la existencia de bienes que pueden ser objeto del procedimiento de extinción de dominio no lo informe a la Fiscalía General del Estado.

Con este proyecto, la Fiscalía quedará habilitada para realizar la investigación patrimonial sobre extinción de dominio, de oficio o por disposición judicial; directamente o a través de los agentes fiscales designados.

La extinción de dominio se podrá determinar por las siguientes causas: Los bienes que formen parte de un incremento patrimonial no justificado; los bienes de origen, directo o indirecto, de una actividad ilícita; los bienes que correspondan al objeto material de la actividad ilícita; los bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas; entre otras.

En el proceso, la Fiscal podrá solicitar al juez las siguientes medidas cautelares sobre los bienes: prohibición de enajenar, retención e incautación.

En todo el proceso de extinción de dominio, según la normativa en debate, las entidades, organismos e instituciones públicas y privadas estarán obligadas a cooperar y deberán remitir la información o documentación requerida por el Fiscal o Juez en dos días, o señalar el lugar en donde pueda encontrarse, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que tuviere lugar.
A esto se suma la cooperación internacional, reglas de cooperación, obtención de cooperación internacional, cooperación internacional para la administración de bienes, entre otras formas. (I)