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Fiscal Diana Salazar fustigó a los jueces por dar medidas alternativas a detenidos en los casos de corrupción en hospitales y Prefectura del Guayas

Fiscal Diana Salazar fustigó a los jueces por dar medidas alternativas a detenidos en los casos de corrupción en hospitales y Prefectura del Guayas

La fiscal general, Diana Salazar, reaccionó molesta ayer por la decisión de jueces de Guayaquil que otorgaron medidas sustitutivas en favor de la mayoría de los 17 detenidos en los 37 allanamientos efectuados el pasado miércoles en Quito y Guayaquil, como parte de investigaciones sobre supuestos hechos de corrupción en hospitales y gobiernos seccionales durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, también dijo que lamentaba que los jueces no estén a la altura de las circunstancias de la lucha contra la corrupción en el país.

La molestia de Salazar se dio sobre todo por la liberación, con medidas sustitutivas, del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, acusado de peculado y asociación ilícita por supuestos contratos con sobreprecios, así como la no implicación del expresidente Abdalá Bucaram en el caso de peculado y delincuencia organizada en contratos del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.

La Fiscalía como institución emitió un comunicado expresando esas molestias. Y al mediodía, en una entrevista con Ecuavisa, la fiscal Salazar fue contundente con su reacción.

“Debemos tener conciencia de que el sistema de justicia es un engranaje en el cual la Fiscalía dirige la investigación, la Policía ejecuta las órdenes y las direcciones que dan las fiscalías. Pero son los jueces quienes deciden, en este caso tenemos un mensaje clarísimo: la lucha contra la corrupción no está siendo firme por todo ese engranaje; la Fiscalía cumplió, la Policía también, y el sistema de justicia representado por los jueces está dando un mensaje a la ciudadanía, que aquellos casos de corrupción, no importa cuánto sea el perjuicio, tiene la posibilidad de que se siga realizando”, afirmó.

Salazar lamentó que, en cambio, “en aquellos casos de delitos menores, por ejemplo, cuando se roban o se sustraen un celular, porque la gente no tiene para comer, ahí sí se reciben medidas relacionadas a la prisión preventiva”.

Y fue más allá: “Ya vendrán los juristas a decir que la prisión preventiva es excepcional, y por supuesto que es excepcional, y debe ser excepcional y aplicada precisamente a estos casos de corrupción, donde se están robando el dinero del pueblo. Querían las cabezas, ahí están las cabezas, pero no para que estén menos de 24 horas privados de la libertad sino para que respondan delante de la justicia”.

En el caso del expresidente Abdalá Bucaram, quien fue detenido porque en un allanamiento a su casa la madrugada del miércoles se hallaron una pistola, balas y cartones con miles de mascarillas y pruebas rápidas para COVID-19, la misma fiscal Salazar aclaró ese día que no estaba solo detenido por el arma, sino porque los insumos hallados en su domicilio eran de similares características a los encontrados en un operativo en el Teodoro Maldonado Carbo del IESS. Por ese caso, además de Bucaram, otras diez personas fueron detenidas para investigaciones.

Pero a la hora de pedir la prisión preventiva se hicieron tres audiencias, entre ellas la de Bucaram, solo por tráfico de armas. Y salió libre, así como salió el prefecto Morales.

“Más allá de las presiones que existan o que no hayan existido, no tenemos noticia de esto, pero una persona que imparte justicia precisamente debe actuar con objetividad e imparcialidad, sin la menor injerencia de cualquier índole ni factor, y uno de los elementos de esta Fuerza de Tarea que forma la Fiscalía es precisamente para evitar esto”, refirió Salazar. La Fuerza de Tarea se formó para actuar en los casos de corrupción en la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Mientras, la ministra de Gobierno, sobre estos casos, expresó: “Para luchar contra la impunidad se requiere que cada parte en el sistema asuma su responsabilidad. Desde el Gobierno y la Policía hay decisiones claras y asumimos todos los costos políticos que implica desnudar y denunciar la corrupción. Garantizamos el funcionamiento independiente de la justicia, cumplimos con nuestra parte. Sería lamentable que en medio del esfuerzo institucional y la indignación social las decisiones de los jueces no estén a la altura”. (I)