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Grupos proaborto apuntan a Corte Constitucional

Grupos proaborto apuntan a Corte Constitucional

Colectivos proaborto de Ecuador ponen sus ojos en la Corte Constitucional para intentar que se legalice la interrupción del embarazo en todos los casos de violación y de malformación del feto, tras el revés sufrido en la Asamblea este martes 17 de septiembre, que votó contra esa despenalización.

Una moción de la comisión parlamentaria de Justicia para despenalizar el aborto en esos casos fracasó al obtener 65 votos cuando requería 70 para su aprobación.

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, que promueve el aborto en caso de embarazo por violación, dice que "ahora les queda demandar la inconstitucionalidad" de reglas que limitan el aborto no punible ante la máxima Corte Constitucional.

"Vamos por una opción de inconstitucionalidad", coincidió Virginia Gómez de la Torre, de la Fundación Desafío, que impulsa el aborto sin distinción.

En la Asamblea Nacional (con 137 escaños y sin un bloque mayoritario), sectores de derecha se opusieron a reformas sobre el tema en el Código Orgánico Integral Penal, que actualmente permite el aborto solo cuando la vida o salud de la madre está en riesgo o si el embarazo es producto de la violación de una mujer con discapacidad mental.

El código penal vigente desde 2014 establece asimismo que la mujer embarazada que se cause un aborto o permita que otra persona se lo practique será sancionada con cárcel de seis meses a dos años. Si durante el procedimiento la mujer muere, quien lo realizó será penado con hasta 16 años de prisión.

La propuesta de la comisión de Justicia también contemplaba el aborto sin pena para los casos de embarazo por inseminación no consentida, en los que actualmente hay castigos de hasta diez años de prisión para la persona que la practique.

La legisladora Ximena Peña, titular de la comisión de Justicia, lamentó la falta de apoyo para despenalizar el aborto. Enfatizó que cada año 3.000 mujeres menores de 14 años "son violadas y embarazadas" en Ecuador, un país conservador y con un 80% de población católica.

El aborto está tipificado como delito en Ecuador desde hace dos siglos.