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Informe sobre el proyecto de Ley que concibe a la comunicación como un derecho y no como un servicio público entra a la fase final de aprobación

Informe sobre el proyecto de Ley que concibe a la comunicación como un derecho y no como un servicio público entra a la fase final de aprobación
Quito -

La comunicación será concebida como un derecho humano y no como un servicio, y el monto de la publicidad y propaganda estatal no deberá superar el 1 % del presupuesto anual de cada función y entidad del Estado.

Esas son las principales reformas que contendrá el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que analiza la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, cuya aprobación se aplazó una semana más.

La Comisión, presidida por Jaime Olivo (BIN-PK), recoge los proyectos de Ley del presidente de la República Lenín Moreno, remitido el 17 de enero de 2019, sobre la comunicación como un derecho, y del legislador Fernando Callejas (CREO), referente al control de la propaganda y publicidad del sector público, presentado el 14 de noviembre de 2019.

En su propuesta, el mandatario señala que el artículo 5 de la Ley de Comunicación comete el error de concebir a la libertad de expresión como un servicio público, cuando los artículos 18 y 384 de la Constitución la conciben como un derecho.

En el informe que será sometido a votación se advierte que, al reformarse el artículo 5 de la Ley de Comunicación, es imprescindible la reforma del artículo 44.1 de la misma Ley, toda vez que es en este artículo en el cual se define un sistema de comunicación y su alcance como un derecho fundamental, evitando de esta manera una contradicción dentro del mismo cuerpo normativo.

Respecto a los medios digitales, la Comisión de Derechos Colectivos propone en su informe borrador que su regulación se sujete a los lineamientos del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La aprobación de este informe se postergó porque los legisladores Marcela Aguiñaga y Juan Lloret (RC), Carlos Cambala, Jorge Corozo y Ximena Chactong (AP) plantearon nuevos ajustes y que se recoja todos sus aportes hechos durante el trámite de esta propuesta.

Aguiñaga pidió una nueva redacción del artículo 5, donde se considere medios de comunicación social a las organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales, a través de medios impresos, radio, televisión y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio a través de internet.
Para el efecto, no se considerarán medios de comunicación al espectro radioeléctrico, ya que las mismas son concesionadas por el Estado.

El Sistema de Comunicación Social será también entendido como el conjunto articulado de organizaciones públicas, privadas y comunitarias que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales, a través de medios impresos, radio, televisión y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio a través de internet.

Control de propaganda

En torno al control de propaganda y publicidad estatal, el informe borrador recomienda que el monto máximo asignado a la difusión de la publicidad y propaganda estatal no deberá superar el 1 % del presupuesto anual que corresponde a cada función y entidades estatales.

Que la difusión de la publicidad y la propaganda estatal debe ser distribuida de manera equitativa a medios de comunicación públicos, privados y comunitarios.

Los legisladores coincidieron en que la publicidad y propaganda del sector público se referirá exclusivamente al objeto institucional y al desarrollo de sus competencias tales como ejecución de obras y proyectos, generación de bienes y servicios, y acciones tomadas en el marco de catástrofes naturales. (I)