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Sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016 tienen 30 días para cancelar la parte económica de la reparación integral dispuesta

Sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016 tienen 30 días para cancelar la parte económica de la reparación integral dispuesta
Quito -

Ya en firme y en proceso de ejecución la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, 18 de los procesados que mantienen calidades de autores mediatos, autores directos y coautores deberán pagar cada uno como reparación integral $778 224,017, mientras que los dos cómplices $368 632,43 cada uno. El monto total de reparación integral que se debe recuperar es de $14 745 297,16.

El Tribunal de Juzgamiento que en primera instancia sentenció a 20 personas, entre ellas los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, ocho exfuncionarios públicos y diez empresarios, procede a ejecutar el componente económico de la reparación integral una vez que se declaró en dos instancias y en una etapa la existencia del delito de cohecho agravado y la responsabilidad de los condenados.

Correa y Glas, como autores mediatos por instigación; los coautores Alexis Mera, ex secretario jurídico, los exministros María Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís, el exlegislador Christian Viteri, la asambleísta Viviana Bonilla y la exasesora Pamela Martínez, los nueve empresarios acusados de autores directos; así como la exasistente Laura Terán y el empresario Alberto Hidalgo, vistos para la reparación integral como cómplices, tienen que cancelar los montos definidos, a más tardar, dentro de los 30 días posteriores a la ejecutoria del proceso.

Para concretar el pago, el Tribunal, presidido por el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Iván León, dispuso a la Procuraduría General del Estado, como acusación particular en representación de la víctima: el Estado ecuatoriano, que proporcione el número de cuenta en que se deberán hacer los depósitos.

Ante el inminente cumplimiento y pese a no estar de acuerdo con el fallo, empresarios como Pedro Verduga, Rafael Córdova o Teodoro Calle han mostrado su intención de cancelar la reparación. Verduga en una carta a la CNJ hizo conocer que durante 70 años de trabajo ha logrado adquirir bienes que le permitirán pagar esos dineros, en cambio Córdova quiere pagar, pero no tiene todo el monto definido, por lo que buscará llegar a acuerdos. Mientras, la defensa de Alexis Mera ha señalado que su cliente no tiene ese dinero para pagar.

En una entrevista en Teleamazonas, el juez Iván Saquicela, integrante del Tribunal que está ejecutando la sentencia, explicó ayer que en el evento que no cancelen los sentenciados su parte de la reparación integral la ley también prevé medidas al respecto. Recordó que la sentencia de primer nivel, que fue ratificada, dispuso el comiso de los bienes de los 20 condenados.

"Con el comiso de los bienes de todos los condenados se puede garantizar el real pago de la reparación integral material. Esto es importante porque en definitiva significa que damos un mensaje al país como administración de justicia de que existe la reparación integral tanto económica, cuanto simbólica, adicional a la pena privativa de libertad", apuntó Saquicela.

La providencia emitida el miércoles último resalta que para garantizar el cumplimiento de la medida de restitución, se determinó el comiso de los bienes inmuebles de los sentenciados. El Tribunal dispuso que la Secretaría de Sala Penal de la CNJ oficie a los registradores de la Propiedad y Mercantiles de todos los cantones del país, con el "cometido de que se tome nota al respecto".

Además, se aclaró en la providencia que ante la falta de cumplimiento en el plazo establecido, se observarán las reglas dispuestas en los artículos 222 del Código de la Función Judicial y 366 y siguientes del Código General de Procesos. De ser necesario, se indica, la Defensoría Pública dotará de la prestación de servicios jurídicos para materializar todas las medidas de reparación dispuestas.

El constitucionalista Rafael Oyarte añade que si los procesados no pagan dentro del tiempo establecido o no dimiten bienes por la cantidad equivalente, es decir, si no lo hacen o son insuficientes, se expedirán las correspondientes órdenes de embargo con las medidas preventivas del caso, esto es, secuestro de bienes, prohibiciones de enajenar y retenciones de fondos en cuenta.

Incluso refiere que si con los embargos no se llega a la cantidad definida en el fallo se podría llegar a la insolvencia de los condenados. Aclara que hay que tener cuidado con las insolvencias, pues, apunta, si se determina que los procesados en este caso se han deshecho de sus bienes, los han puesto a buen recaudo, los han vendido artificiosamente o tienen testaferros, la insolvencia podría no solo generar la consecuencia de impedir la administración de los bienes, sino que podría ser declarada culpable e iniciarse un proceso penal por insolvencia fraudulenta que terminaría con otra pena. (I)