Política

El 27% de trabajadores de la prensa están en riesgo

El 27% de trabajadores de la prensa están en riesgo

De las 6.800 personas que laboran en las diferentes estaciones radiales, periódicos, televisoras y medios comunitarios del país, como reporteros, camarógrafos o asistentes, 1.478 se encuentran en situación de riesgo por el tipo de coberturas periodísticas que realizan.

Esta conclusión la anotó el estudio elaborado por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordepic).

El análisis surgió luego de que se conformó el Comité para la Protección de los Trabajadores de la Comunicación, el 29 de abril pasado, por iniciativa del Ejecutivo.

El equipo se conformó con los titulares o delegados de la Secretaría de Comunicación que ejerce la presidencia, el Ministerio de Gobierno, el de Relaciones Exteriores, la Secretaría General de la Presidencia de la República y el Cordepic, que está encargado de la secretaría técnica.

El objetivo es prevenir que casos como el asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio, sucedido en la frontera con Colombia, en abril de 2018, vuelvan a repetirse.

El comité elaboró un informe con la finalidad de evidenciar las situaciones en las que se desenvuelven las labores de los comunicadores.

Como primer paso hicieron un estudio sobre la cantidad de medios públicos, privados y comunitarios que operan en el país; además se realizó un cuestionario a los trabajadores para conocer los tipos de problemas que enfrentan diariamente.

Aquello permitió concluir que las acciones de seguridad y protección a los trabajadores de la comunicación no deben ser únicamente reactivas, y deben adoptarse después de ocurridos los hechos.

Por lo tanto, se necesita incluir mecanismos de promoción, prevención y procuración de justicia. Asimismo, las estrategias requieren integrar a toda la población y determinar responsabilidades de instituciones públicas, medios de comunicación, instituciones académicas, comunidades y organismos internacionales.

Galo Cevallos Mancheno, presidente de Cordepic, dijo que el proyecto está avanzado para crear reglamentos que eviten el acallamiento de las voces que dan cuenta de la realidad.

Aseguró que para la primera semana de octubre presentarán un documento con los protocolos de actuación de las entidades públicas, medios de comunicación y reporteros. “El compromiso de la institucionalidad es grande frente a los mecanismos de protección. Incluso garantizaremos el acceso a la información de las entidades públicas”.

La Ley Orgánica de Comunicación, expedida en el año 2013 y reformada en 2019, tiene por objeto desarrollar, proteger, promover y garantizar el ejercicio de los derechos a la comunicación, establecidos en los instrumentos de derechos humanos y en la Constitución.

En este contexto la normativa establece que el Estado y los medios de comunicación protegerán a los trabajadores de la comunicación cuyas vidas -por sus actividades profesionales- estén en riesgo.

El análisis del comité señala que esta obligación se relaciona con la necesidad de que los estados desarrollen protocolos especiales para proteger a la prensa en situaciones de tensión social, incluidas las protestas y manifestaciones públicas.

De la misma manera, las Fuerzas Armadas y de seguridad serán capacitadas para que entiendan el rol de la prensa en una sociedad democrática y particularmente en situaciones de conflictividad social para prevenir la violencia contra periodistas.

Al respecto, Gustavo Valencia, especialista en medios inclusivos de Cordepic, aseguró que se debe entender que solo el hecho de ejercer la libertad de expresión conlleva un riesgo.

En el caso de los comunicadores, existen niveles de peligrosidad en el ejercicio del trabajo. Están desde los reporteros que hacen farándula hasta aquellos que se dedican a la investigación periodística.

“Por ende, las actividades  para proteger la actividad de la prensa deben tener carácter preventivo, de evaluación constante y reacción a crisis en caso de que lo anterior falle; por lo que es imperativo elevar esta iniciativa a una verdadera política pública”, manifestó Esteban Ron, catedrático de la Universidad Internacional. (I)