Política

El Ejecutivo envía con objeción las reformas al COIP

El Ejecutivo envía con objeción las reformas al COIP

El presidente de la República, Lenín Moreno, solicitó a los asambleístas que se proceda con las objeciones parciales por inconstitucionalidad y parcial del proyecto reformatorio del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según el documento, que se remitió la noche del viernes 18 de octubre a la Asamblea Nacional, contiene 37 objeciones parciales, así como los artículos 20, 25 y 97 de la normativa.

Por ejemplo, consideró que el comiso sin sentencia es inconstitucional y dispuso que se amplíe la figura de la incautación. También tiene sus reparos en el conflicto armado, así como en la desaparición de personas.

El Ejecutivo cumplió con el plazo de 30 días que disponía para aprobar o vetar el proyecto del COIP.

El documento ingresó a Gestión Documental. De ahí pasará al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y  luego a la Comisión de Justicia, donde serán analizadas las objeciones de Moreno.

Los miembros de la comitiva estudiarán el texto.

Criterios legislativos
María Lourdes Cuesta, integrante de la Comisión de Justicia, dijo que uno de los puntos que analizará detenidamente es lo que se resuelva sobre la incautación de bienes en delitos de corrupción, cuyo artículo no fue aprobado por el pleno.

La legisladora se refirió a  las declaraciones de Iván Granda, exsecretario Anticorrupción, quien anticipó que el Ejecutivo recurriría al veto sobre este tema.

“El Ejecutivo no puede tocar temas que no fueron aprobados por la Asamblea Nacional. De acuerdo con las últimas encuestas que se han realizado en el país, los ecuatorianos estamos a favor de la vida”, expresó Cuesta.

Ximena Peña, presidenta de la Comisión, reiteró que la mesa cumplió un trabajo arduo para presentar un documento acorde a las necesidades del país.

Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia de la República, adelantó un fragmento de lo que contemplan las observaciones por parte del Ejecutivo y es el de incluir una reforma para que se sancione a quienes agredan a los periodistas y a los miembros de la fuerza pública.

Así lo anunció el jueves 17 de octubre durante un conversatorio con comunicadores sociales en las instalaciones de la Plataforma Gubernamental, en Quito.

En la cita también estuvo presente el ministro de Finanzas, Richard Martínez.

Juntos realizaron un análisis de la situación del país luego de las movilizaciones registradas durante 12 días.

En ese espacio, Roldán destacó la labor que cumplió la prensa y rechazó las agresiones contra los comunicadores mientras cubrían la jornada de protestas.

Sin mencionar el articulado, señaló como pertinente la necesidad de incluir esa sanción en la norma para que no vuelva a ocurrir ese tipo de actos violentos.

Defensor Público
La propuesta fue aplaudida por Ángel Torres, defensor Público General, quien dijo que si bien hay el derecho de expresión, debe existir control para que estos actos no lleguen a la violencia.

Torres consideró que las sanciones advertidas no deberían ser tan duras, puesto que “los ciudadanos tienen derecho a manifestarse libremente”.  Una vez que se atiendan las objeciones del COIP irá al Registro Oficial. (I)

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