Política

Estos son los argumentos divididos en la Corte Constitucional para dejar sin efecto el cobro anticipado del Impuesto a la Renta

Estos son los argumentos divididos en la Corte Constitucional para dejar sin efecto el cobro anticipado del Impuesto a la Renta
Quito -

La votación del pleno de la Corte Constitucional sobre el decreto 1109, que establece un pago anticipado del Impuesto a la Renta para 1188 empresas, fue muy ajustada. Cinco jueces constitucionales la consideraron inconstitucional y los cuatro restantes, constitucional. Ambas posiciones presentaron sus argumentos jurídicos.

Los jueces que votaron en contra del decreto son Karla Andrade Quevedo, Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez, Alí Lozada Prado y Daniela Salazar Marín.

Este sector de jueces determinó que la recaudación anticipada del IR “pretende solucionar una emergencia económica que puede y debe ser solventada a través de los mecanismos jurídicos y democráticos ordinarios”. Además mencionaron que la medida no genera más ingresos sino que es un adelanto de la recaudación del próximo año.

Además consideraron que la emergencia económica colateral no constituye calamidad pública ni ninguna otra causal de las establecidas en el artículo 164 de la Constitución que permita establecer o mantener un régimen de excepcionalidad en el país, pues “la ‘emergencia económica’ guarda estrecha relación con el lento accionar de entidades dependientes de la Función Ejecutiva…”. Otro argumento fue que no existe claridad de hacia dónde irían los fondos recaudados.

Entre tanto, los cuatro jueces de minoría: Carmen Corral Ponce, Enrique Herrería Bonnet, Teresa Nuques Martínez y Hernán Salgado Pesantes consideraron que sí es constitucional el decreto 1109. Explicaron que la recaudación anticipada de tributos es una atribución prevista expresamente en la Constitución y, consecuentemente, puede ser dictada por el Presidente de la República en el marco de un estado de excepción.

Además, se determinó que el ejercicio de esta facultad, la recaudación anticipada de impuestos, no contraviene la Constitución, toda vez que esta medida busca obtener recursos provenientes de un grupo que se encuentra en una mejor posición (en función de su utilidad contable), para cancelar, de manera anticipada, una obligación ya existente, como es el impuesto a la renta, para así paliar la situación actual en la que se encuentra el país a causa de la pandemia.

Adicionalmente, se afirmó que en el ejercicio del control de constitucionalidad no se puede confundir la causa que motiva un estado de excepción (que, en efecto, jamás puede ser una crisis económica) con las medidas que sí pueden ser dispuestas para enfrentar las consecuencias de una calamidad pública -con más razón una pandemia- que exige, necesariamente, medios económicos excepcionales para tratarla, siendo la recaudación anticipada de tributos un mecanismo viable dentro de un estado de excepción para la consecución de tal finalidad, previsto en el artículo 165 numeral 1 de la Constitución.

Ellos consideraron al voto de mayoría como equivocado. “Bajo este razonamiento, ¿cuándo entonces cabe la recaudación anticipada de tributos si no es en un contexto de calamidad pública como la que vivimos en la actualidad?”, dijeron. (I)