Política

Exempleados de medios incautados llevan hasta dos años en espera de liquidaciones

Exempleados de medios incautados llevan hasta dos años en espera de liquidaciones

En la emisora Súper K 800 ejercía de conductor y técnico para las transmisiones deportivas. Era un oficio que José Véliz desempeñaba con ahínco, aunque sabía que la radio estaba en dificultades económicas y ya había sacado personal. "Más pasaba en su trabajo que en casa", recuerda su esposa, Gloria Garcés.

Una tarde de mediados de marzo llegó a su domicilio y le comentó a su esposa que ya no laboraba más en la radio incautada. Y que esperaba que a fines de ese mes recibir una liquidación de algo más de $10 000 por los casi 14 años que trabajó.

Pero no alcanzó a disfrutar de su retiro ni de su liquidación. En los primeros días de abril, en medio de la pandemia, su estado de salud decayó y sufrió un infarto en su domicilio.

Véliz es uno de los cuatro exempleados de los medios incautados por el Estado que han muerto sin haber recibido completamente sus liquidaciones. Su familia señala que tras el fallecimiento recibieron solo una parte de la liquidación que se fue para cubrir los gastos hospitalarios, mortuorios y algo de las deudas que tenían. El resto está pendiente.

A la espera de sus liquidaciones y pagos al Seguro Social también están extrabajadores de Uminasa, Cablevisión, Carrusel y otros medios que fueron incautados por el Estado y que eran propiedad de exbanqueros como la familia Isaías.

En ese grupo hay quienes salieron hace dos años como los 12 excolaboradores de Uminasa. Eugenia Espinoza, quien laboró 18 años en esa editorial que manejaba las revistas El Agro, La Onda, Samborondón y Costa, dice que debido a que la empresa dejó hasta deudas pendientes con el IESS ni siquiera pueden reestructurar créditos hipotecarios o acceder a servicios del seguro.

"Ya han pasado más de 24 meses y no se paga todo", indica Espinoza, quien estima que los valores pendientes en Uminasa no llegan a $300 000.

Desde junio pasado, los extrabajadores de esa empresa con otras de los medios incautados se reúnen para hacer plantones y vigilias para tratar de obtener una respuesta del Gobierno. A esos plantones llevan un ataúd, ollas vacías y una pancarta con las fotos de los extrabajadores fallecidos.

Los exempleados lamentan que las autoridades se escuden en decir que no son medios públicos, sino incautados, cuando en el anterior Gobierno se los usó como públicos y están en manos de la Empresa de Medios Públicos EP.

Margarita Constante, periodista deportiva que laboró casi 20 años en Súper K 800 y que fue desvinculada en mayo del 2019, señala que se han reunido y enviado oficios a autoridades del Ministerio de Finanzas, de la Empresa de Medios Públicos y de la Vicepresidencia sin que puedan obtener una solución.

"Nos dan fechas de pago que nunca se cumplen", asegura Constante, quien anota que Súper K estuvo al aire hasta el 20 de marzo de este año.

El último ofrecimiento que tuvieron es que iban a vender una de las radios operativas para poder obtener recursos y pagar las liquidaciones.

Según documentos que tienen los exempleados de las radios incautadas, los montos por liquidaciones ascienden a $638 033, de los cuales están pendientes $532 216.

En medio de la desesperación por la compleja situación económica y la dificultad para reincorporarse al mercado laboral, Constante señala que han propuesto que se venda un terreno que tiene Súper K 800 en el área de La Aurora para que se les pague o que el Gobierno actual cancele lo que adeuda por las sabatinas del anterior régimen.

La empresa Medios Públicos EP, ahora en liquidación, regenta a Cadena Ecuatoriana de Televisión C. A. (TC Televisión), Compañía de Televisión del Pacífico Teledós S. A. (Gama), Radio Bolívar S.A. (Súper K-800 en Guayaquil).

De estas empresas incautadas, TC es la rentable, el resto está en proceso de disolución o liquidación en pleno, según datos que constan en la Superintendencia de Compañías.

"Se ha dejado morir a las radios como dejaron morir las revistas", manifiesta Constante al referirse al fin que han tenido la mayor parte de los medios incautados.

Del Gobierno se ha reconocido que hay dificultades legales para vender los medios incautados por medidas cautelares por una acción de protección interpuesta por los abogados de la familia Isaías.

Estas medidas implican la prohibición de enajenar los bienes, lo que supone complicaciones para negociar o vender acciones.

Este Diario consultó a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, que está a cargo ahora del proceso de liquidación de Medios Públicos EP, sobre los pagos pendientes a los medios incautados, pero no hubo respuestas. (I)