Política

Gobierno piensa concretar acuerdo definitivo con tenedores al 31 de julio próximo

Gobierno piensa concretar acuerdo definitivo con tenedores al 31 de julio próximo
Quito -

El Gobierno piensa cerrar de manera definitiva un acuerdo de reestructuración de la deuda comercial, con los tenedores de bonos hasta el 31 de julio próximo. Así lo informó ayer el ministro de Finanzas, Richard Martínez, en una entrevista televisiva.

Además explicó que el acuerdo permite una baja del déficit fiscal en este año de 1,5 %, aunque la brecha financiera, con esa baja y otros esfuerzos, sigue siendo enorme ($8000 millones).

Esto, luego de que ayer se anunciara que Ecuador acordó las condiciones de un eventual reperfilamiento con un importante grupo de tenedores de bonos que incluyen a inversionistas de Blackrock, Ashmore, Aliance, Bernstein y Wellington.

Para Martínez al llegar a este acuerdo con un importante grupo se hace más fácil conseguir que otros bonistas se adhieran al mismo.

De manera general el acuerdo sobre una deuda de $17 375 millones implica, una rebaja del capital de $1500 millones; baja de intereses del 9,3 % a 5,2 %, extensión del plazo hasta el 2040 y gracia de cinco años de capital.

Así en las siguientes semanas se espera que el Gobierno continúe conversando con más grupos de tenedores, de tal manera que pueda conseguir el porcentaje requerido para cerrar las negociaciones de los 10 tipos de bonos que se negocian: en caso de los bonos 2024, 75 % y en el resto que va del 2021 al 2030 (excepto el 2024), el 66 %.

El ministro Martínez comentó que si bien con el acuerdo el país toma oxígeno, no significa que deba dejar de lado las reformas estructurales a futuro.

Expertos consideran que ha habido una negociación positiva. Sin embargo, algunos advierten que no es motivo para relajar las medidas de ajuste, mientras otros ya piden evitar más medidas de ajuste.

En un análisis de Cordes se explica que en las condiciones anteriores, entre 2020 y 2030, se debía destinar en promedio $2565 millones anuales, es decir 2,5 % del PIB. Esta situación era muy difícil de cumplir antes de la pandemia, pero luego era prácticamente inviable.

Con el acuerdo, en cambio, el promedio anual será de $1366 millones hasta 2040. Esto, con pagos reducidos en 2021 y 2022, pero que crecen entre 2026 y 2035, aunque se pagarán rubros 20 % menores a los que se estaban establecido sin el acuerdo.

Sin embargo, ya advierte que no se debe dejar de lado el esfuerzo para ordenar las cuentas fiscales, principalmente desde el recorte del gasto y aumento de ingresos: “De contrario el déficit seguirá siendo muy elevado y hará que la deuda siga creciendo de manera acelerada”, indica Cordes.

Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, consideró que el alivio le da espacio fiscal al Gobierno para no seguir con medidas restrictivas. Por ello pidió bajar el IVA del 12 % al 10 %, igualmente reducir el encaje y seguir alimentando el fondo de liquidez para apoyar a las mipymes.

Entre tanto, Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, comentó que tras los análisis realizados por varios miembros del colegio como César Robalino y Abelardo Pachano, se considera que la renegociación resultó positiva. Hay una baja en el volumen del capital, baja la tasa y hay más plazo. Ahora se debe esperar a que se presente de manera oficial la propuesta y receptar la votación.

Tras concretarse el acuerdo, Albán aconseja tanto a esta Gobierno como a los venideros atraer la inversión social y reestructurar el gasto del Estado. Comentó, además, que si bien se rebaja la deuda, no significa que Ecuador pueda en este momento dejar de endeudarse, pues debe llenar un enorme déficit. Más bien esto le da aire para conseguir más créditos. Dijo que no sería aconsejable alza de impuestos en estos momentos recesivos.

De otro lado, dijo que al Colegio le preocupa mucho que la gerente del Banco Central haya usado $500 millones de la Reserva Internacional para una operación con Goldman Sachs. Confirmó que en los próximos días presentarán una demanda ante la Fiscalía para que investigue si se han realizado usos incorrectos de los dineros del país. Esto porque hay una prohibición de hacer préstamos por parte del Banco Central del Ecuador al Gobierno. (I)