Política

¿Por qué Aguiñaga fue la única asambleísta que no aprobó la Ley de Extinción de Dominio?

¿Por qué Aguiñaga fue la única asambleísta que no aprobó la Ley de Extinción de Dominio?

La asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, fue la única parlamentaria que se abstuvo de votar a favor por la Ley de Extinción de Dominio, según señaló en su cuenta de Twitter, porque el texto "puede constituirse en una herramienta de venganza y arbitrariedad".

Esta ley, con la que la Asamblea espera ayudar a combatir la corrupción en el país, fue aceptada la noche de este martes 19 de enero por 131 asambleístas, de los 137 que son en total. Cabe mencionar que los legisladores Johanna Cedeño, Jorge Corozo, Verónica Guevara, José Agualsaca y Leonardo Chang no se conectaron para votar.

En su cuenta de Twitter Aguiñaga expuso las razones de su decisión. Mencionó que en la ley "no se respeta el principio de inocencia" y que "procesalmente, no se garantiza el derecho a la defensa".

La asambleísta considera también que la Fiscalía hará una "interpretación muy subjetiva" del texto y que el principio de retrospectividad que se menciona en la norma es una "retroactividad camuflada".

Y es que la Ley de Extinción de Dominio se regirá bajo los principios de: "Derecho a la propiedad, nulidad de origen, retrospectividad, imprescriptibilidad, contradicción, objetividad y transparencia, y reciprocidad internacional".

La ley establece también que la extinción de dominio es "patrimonial, imprescriptible, autónoma, distinta e independiente de cualquier otro proceso o materia".

El texto busca seguir la ruta del dinero perdido por la corrupción, y era esperada por organismos internacionales que han exigido a Ecuador una lucha sin cuartel contra este mal.

Con esas facultades permitirá, dentro de un debido proceso, llegar a una sentencia de extinción de dominio en base a los propios principios y derechos constitucionales, con el fin último de recuperar los bienes mal habidos.

E incorpora como sujetos procesales a la Procuraduría, la Fiscalía General del Estado y el o los afectados.

El texto pasa ahora a sanción u objeción del presidente de la República, Lenín Moreno.