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¿Debe o no debe pensiones alimenticias el legislador Fabricio Villamar?

¿Debe o no debe pensiones alimenticias el legislador Fabricio Villamar?

El asambleísta Fabricio Villamar importó una camioneta, valorada en USD 23 500, con exoneración tributaria gracias al carné de discapacidad, que tramitó en el 2019, por una limitación que dice tener en sus oídos. Pero, abogados que defienden los derechos de niños y adolescentes además lo cuestionan por haber expuesto esa condición en un juicio, como argumento para solicitar una reducción en la pensión alimenticia que le pasa a su hijo. En redes sociales se han publicado documentos del caso, en donde se lee el alegato de su abogada. Y también que supuestamente debe USD 12 000.

Este lunes 6 de julio del 2020, el legislador aceptó hablar sobre el tema con EL COMERCIO. Se le consultó si antes de posesionarse en la curul adeudaba pensiones alimenticias, lo que lo hubiera inhabilitado para ejercer el cargo. "No debo ni debía pensiones alimenticias. Estas se descuentan directamente de mi remuneración. Esa disposición fue emitida por el juez, por lo tanto la Asamblea me descuenta a tiempo cada mes".

Al mes le descuentan USD 2 369, el 56% de sus ingresos, precisó Villamar, quien es líder del movimiento Ahora y llegó al Legislativo de la mano de Creo. Su hijo, de 19 años, es autista. Los trastornos del espectro autista dan lugar a una forma diferente de percibir la realidad, es una alteración en el desarrollo cerebral, que incide en el comportamiento y en la comunicación.

"Intenté tener una relación con él. Vino a pasar en mi casa con su madre hace unos años; estuve en su primera comunión. Supe de su existencia solo cuando llegó una demanda, cuando fui elegido concejal, hace ocho o nueve años", dijo el legislador, consultado sobre si tiene una relación con el chico, nacido en Vinces.

¿Por qué se dice que debe USD 12 000 en pensiones alimenticias? El asambleísta Villamar reitera que eso no es verdad. Explica que la fijación del monto de la pensión se establece desde que queda ejecutoriada la decisión del juez. Pero, indica, en los juicios de alimentos corre desde la presentación de la demanda, por lo que los valores se acumulan. "En la sentencia se establece cuánto pagas desde esa fecha en adelante y cómo se cancelará el valor que se acumula entre la presentación del incidente y la sentencia. El valor de ese acuerdo entre las partes se acordó que lo pague en cuotas, que también me descuentan del sueldo. El valor de ese acuerdo es el que se ha interpretado como deuda de alimentos y no es así".

El legislador no contestó si admitía haber cometido un error al dejar que su abogada exponga lo de su supuesta discapacidad para llegar a un acuerdo de rebaja de pensión alimenticia. ¿Sabe que su hijo tiene por ejemplo, necesidades educativas especiales? Respondió "sí, por eso, en algún momento yo sugerí que en Quito la atención de esas necesidades podría ser cubierta de mejor manera".

En un vídeo, publicado en su cuenta de Twitter, días atrás, el legislador se dirige a quienes confiaban en él y se han sentido decepcionados: "Paulatinamente he venido perdiendo el oído. Las personas que me conocen saben que me toca poner subtítulos en las películas, aunque sean en español; saben que me giro para escuchar cuando hablan". Además dice que el año pasado utilizó su carné de discapacidad para adquirir una camioneta, con exoneraciones tributarias, por la que pagó adicionalmente impuestos. "No es un vehículo de lujo, es una camioneta de trabajo porque tengo un servicio agrícola".

Sobre el escándalo de los carnés adquiridos por personas que no tienen discapacidad, involucradas en sobreprecios en insumos y medicinas en el hospital del IESS de Guayaquil, varias personas se han pronunciado. Pero también en torno al caso del legislador Villamar.

"Realmente es una agresión que autoridades se aprovechen de su poder para tramitar un carné y es una sinvergüencería que funcionarios de Salud, encargados de la calificación, se hayan presentado para conferir carnés a personas que además tienen altas remuneraciones. Estamos indignados.
El caso del legislador Villamar es muy grave, su sueldo equivale al de un Ministro de Estado. Claramente parece no tener una incapacidad que lo inhabilite para ejercer sus funciones. Espero que no haya adeudado pensiones antes de ejercer el cargo porque eso lo habría inhabilitado".

La opinión es de la exlegisladora, Betty Amores, quien trabajó en las reformas al Código de la Niñez, que dieron paso a la aplicación de la tabla para fijar las pensiones alimenticias, según los ingresos de los alimentantes. La abogada además es madre de una niña con síndrome de Down.

"Un chico con autismo requiere ciertos cuidados. Si adeudara pensiones realmente le quitaría todo el peso ético o moral que pudiera tener como autoridad, que debieran proteger también derechos de niños y adolescentes. Espero que la Asamblea Nacional analice los casos".

Para el abogado Darwin Seraquive, que trabaja en temas de familia, de niños y adolescentes, "es reprochable el caso. Es un tema de ética. Todo político debiera ser un ejemplo para la sociedad y con sus actos demuestran exactamente lo contrario. No hay que servirse del pueblo sino servir al pueblo. Todo padre busca cuidar de sus hijos, no rebajar pensiones".

Para Betty Amores, el Legislativo debe seguir trabajando en el Código de la Niñez. Está de acuerdo con el informe de primer debate de la reforma, que habla de que la pensión alimenticia se pase hasta los 24 años, para apoyar a hijos que siguen estudiando. "Es una realidad, ahora los chicos terminan sus carreras a los 24 años, con un posgrado. Entiendo que actualmente las circunstancias han hecho que muchos padres y madres pierdan sus empleos, pero los hijos requieren apoyo económico. "Si el titular de la responsabilidad no tiene recursos, hay que acudir a deudores solidarios. La mayoría de pensiones que reciben los hijos no rebasa el 21% de un salario mínimo vital, unos USD 115 y con eso no se puede alimentar, vestir, educar a un niño o adolescente".