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Dos acciones tomó la 'Súper' de Compañías en contra del Decevale en las investigaciones por presunto fraude bursátil de Delcorp y Ecuagran

Dos acciones tomó la 'Súper' de Compañías en contra del Decevale en las investigaciones por presunto fraude bursátil de Delcorp y Ecuagran

La ministra de Gobierno, María Paula Romo informó este viernes 18 de septiembre del 2020 que la Superintendencia de Compañías tomó acciones en contra del Depósito Centralizado de Valores (Decevale), el único deposito centralizado de compensación y liquidación de los valores privados que se negocian en el mercado de valores del Ecuador.

Se trata de dos procesos que tienen carácter de "reservado", explicó la funcionaria.

Trascendió que estos podrían ser una demanda penal y una intervención.
Sin embargo, la Superitendencia y el Ministerio señalaron que no pueden pronunciarse a detalle sobre esto.

Las acciones se dan en el marco de la investigación por un posible fraude por parte de las empresas Ecuagran y Delcorp en el mercado de valores, que habría perjudicado al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Según Romo, el perjuicio al Isspol podría ser de unos USD 25 millones, por facturas comerciales que esas dos empresas negociaron en bolsa.

"La Superintendencia de Compañías actuando al fin con mano firme en Decevale. Será clave para las investigaciones que llevamos adelante por estafa a los fondos del Isspol en operaciones swap y de bonos realizadas 2015 y 2016 ¡Vamos a recuperar los recursos y a exigir las sanciones!", señaló hoy la funcionaria en Twitter.

La Superitendencia de Compañías informó el pasado lunes 14 de septiembre que en las investigaciones encontró presuntos delitos de defraudación bursátil.

Además, los papeles de las empresas fueron suspendidos en el catastro público del mercado de valores, ya que las dos firmas tienen valores pendientes de pago a sus obligacionistas en el mercado de valores.

La Superintendencia adoptó medidas cautelares administrativas contras las empresas. Además, dijo que extendió las investigaciones de oficio a todos los demás participantes que actuaron en los procesos, “para determinar las responsabilidades y el cumplimiento de sus obligaciones legales y normativos según corresponda con su actuación”.