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El Estado debe responder por Paola

El Estado debe responder por Paola

Tras 17 años de impunidad por la muerte de Paola Guzmán Albarracín, su madre ve esperanza en la justicia. Este martes 28 de enero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realiza la audiencia de juicio de este caso, en San José, Costa Rica.

Paola fue víctima de acoso y abuso sexual por parte de Bolívar Espín, entonces vicerrector del colegio público Miguel Martínez Serrano de Guayaquil. Espín, quien tenía 64 años, le había ofrecido modificar sus calificaciones a cambio de relaciones sexuales. Producto de ese abuso, ella quedó embarazada.

Espín la obligó a realizarse un aborto, aseguró Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe de la ONG Centro de Derechos Reproductivos, en la audiencia de fondo en la que el caso fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte IDH, en 2015.

El 12 de diciembre de 2002 la adolescente ingirió fósforo blanco antes de subir al bus que la llevaba a clases. En el colegio, luego de contar a sus amigas lo que había hecho, acudió a la enfermería en estado de emergencia.

Su suicidio fue un acto de denuncia, explicó en esa audiencia de 2015 la médica Ximena Cortés, quien realizó el peritaje psiquiátrico y psicológico de Paola.

En 2019, cuatro años después de esa audiencia (a la que el Estado ecuatoriano no asistió), la Corte admitió el caso, el primero de violencia sexual en el ámbito educativo que llega a este organismo.

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Que se ponga a rezar

En el colegio, las autoridades no le brindaron atención médica a Paola.

El médico Raúl Ortega Gálvez dijo que no había nada que hacer y la inspectora general le sugirió que se ponga a rezar y a “pedirle perdón a Dios” por lo que había hecho. El vicerrector se limitó a cuestionar los motivos de su decisión.

Ningún representante del colegio se comunicó con su madre, Petita Albarracín, para decirle que su hija estaba muriendo. Fue una de las compañeras quien hizo la llamada. En el hospital le dijeron que Paola iba a morir. Había pasado demasiado tiempo.

Con la ayuda económica de su hermana, Pepita trasladó a su hija a una clínica privada, donde por la noche estuvo agonizando, por lo que fue llevada a terapia intensiva. Ahí murió. Hoy tendría 33 años.

El Estado debe responder por Paola

En el hospital, Pepita se enteró del motivo de su hija para suicidarse, según contó en la audiencia de 2015. Una reportera de televisión que seguía el caso le sugirió denunciar a Espín por abuso, algo que luego corroboraron las amigas de Paola.

Tras saber esto, Petita solicitó al personal responsable de la autopsia verificar si Paola estaba embarazada. La respuesta fue mostrarle el cuerpo abierto de su hija, para supuestamente demostrar que su útero estaba vacío.

Al día siguiente el padre de Paola colocó una denuncia y, en octubre de 2003, Pepita formuló la acusación penal particular en contra de Espín, por acoso sexual, violación e instigación al suicidio.

Sin embargo, solo se investigó el acoso sexual, haciendo omisión a las acusaciones por los otros dos delitos. Y aunque existió una orden de detención contra Espín, esta nunca se efectuó, alegando que se encontraba prófugo, aunque se sabía (como adujo Catalina Martínez en la audiencia de 2015) que nunca salió de Guayaquil.

Espín fue destituido por abandono del cargo. En 2008 la orden de detención en su contra prescribió. Hoy no se sabe qué pasó con él.

Hasta una profesora

Paola no fue la única víctima. Tras su muerte salieron a la luz casos similares de otras estudiantes. Incluso, una profesora reveló que había sufrido acoso sexual. En todos, el agresor era el vicerrector.

La defensa busca no solo la reparación integral para la familia, también instaurar mecanismos que permitan establecer estándares obligatorios sobre consentimiento, así como de prevención y atención de la violencia sexual. Esto sentaría un precedente en la región.

La Corte IDH deberá dictar la sentencia en un año.