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El juicio político contra Christian Cruz se inició en la Asamblea con retrasos

El juicio político contra Christian Cruz se inició en la Asamblea con retrasos

Tres pedidos de cambiar el orden del día y problemas de conexión en la plataforma de las sesiones virtuales marcaron el arranque del juicio político al presidente del Consejo de Participación (Cpccs), Christian Cruz, en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La sesión se inició poco antes de las 13:30 de hoy, martes 13 de octubre de 2020, dos horas después de lo previsto, con 126 asambleístas presentes en la modalidad de videoconferencia en la sesión 684, en modalidad virtual.

A pedido del presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), el prosecretario encargado, Javier Rubio, certificó que para este proceso se habían cumplido con todas las formalidades, por ejemplo, que Cruz fue notificado el 11 de octubre para que ejerza su defensa.

La asambleísta Mercedes Serrano (PSC) presentó una moción para que en el Pleno solo se diera lectura a la parte resolutiva del informe que emitió la Comisión de Fiscalización, el 4 de octubre pasado, para este proceso que es impulsado por su coideario Henry Kronfle.

Serrano también denunció que Cruz tuvo “una mala actuación, mal comportamiento (y) falta de respeto” en contra de los integrantes de esta Comisión, durante el proceso. “El cargo le ha quedado muy grande”, sostuvo.

Una posible censura y destitución de Cruz depende de una mayoría absoluta (70 votos) en el Pleno de la Asamblea. 

El proceso contra Cruz responde a un supuesto incumplimiento de funciones y falta de probidad, que se sustenta en tres causales: la obtención de un carné que le otorga 81% de discapacidad visual y auditiva, uso de documentos falsos y arrogación de atribuciones.

El funcionario tendrá hasta tres horas para ejercer su defensa ante el Pleno. Para ello, adelantó que presentará “argumentos contundentes”: que son hechos de hace una década, no de su gestión; y, que hay reglamentos del Ministerio de Trabajo y la Contraloría a su favor.

Además, Cruz aduce que la actual Comisión de Fiscalización carece de legitimidad, basado en un pronunciamiento del procurador General del Estado, Íñigo Salvador, de que no podía ser reestructurada por la Asamblea. Allí se sustanció el juicio político.


Independencia de funciones


Pocas horas antes de arrancar la sesión, el Parlamento emitió un comunicado en el que señaló que “no está dispuesta a que se transgreda el principio de independencia en sus acciones fiscalizadoras y de control político, ya que en caso de interferencia de poderes, se reserva el derecho de iniciar procesos legales y políticos en los casos que ameriten, en contra de aquellos funcionarios que no respeten la autonomía legislativa”.


“La Asamblea ha iniciado el trámite de enjuiciamiento político en contra de Christian Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación, respetando el derecho a la defensa como garantía básica del debido proceso, en virtud de lo cual solicita que no se violente la facultad fiscalizadora de esta entidad Legislativa, e insta a las demás funciones del Estado, en especial a la Corte Constitucional y a los órganos jurisdiccionales a que no interfieran en este juicio ciudadano, de carácter político”, insistió.

Acción de protección


Frente a su interpelación Cruz, el 29 de septiembre pasado, presentó una acción de protección con medida cautelar. Una jueza de Quito aceptó a trámite el recurso y convocó para hoy, a las 13:00, a una audiencia telemática. A esa misma hora, no obstante, se desarrolla el juicio político.

Por otro lado, Cruz tramita una demanda en contra de María Fernanda Rivadeneira, una de las integrantes del Cpccs, por supuesta calumnia.

Cambios de orden del día

Antes de arrancar el juicio político en el Pleno, las asambleístas Lexi Loor y Juan Cristóbal Lloret (RC), y María José Carrión (AP) pidieron cambiar el orden del día.

Loor planteó una resolución para pedir la comparecencia del ministro de Transporte para que presente un informe sobre el contrato para la construcción de un hospital de Pedernales.

Carrión formuló un llamado para que autoridades del Ejecutivo comparezcan al Pleno y se suprima los artículos 10 y 40 del reglamento a la Ley Humanitaria que, a su criterio, impide que se garantice la estabilidad laboral de los salubristas.

Por su lado, Lloret propuso que la Asamblea discuta una resolución para que este Poder del Estado comunique al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el contenido del artículo 153 de la Constitución, que le prohibiría al exministro de Finanzas, Richard Martínez, ocupar un cargo en este organismo.


Expediente

El pasado 4 de octubre, la Comisión de Fiscalización aprobó un informe en el que evidencia contradicciones del funcionario, quien también cuenta con una licencia de conducir tipo E, apropiada para camiones, cuando le correspondería una apropiada para personas con discapacidad.

Durante la fase de sustanciación de este proceso, autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito y la escuela de conducción Aneta, revelaron que Cruz pasó con una calificación de sobresaliente las pruebas psicosensométricas para su permiso de conducir.