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¿Qué beneficios de la Ley Humanitaria ya se pueden aplicar?

¿Qué beneficios de la Ley Humanitaria ya se pueden aplicar?

Siete disposiciones de la Ley de Apoyo Humanitario entraron en vigencia de forma inmediata. Otros temas contemplados en la iniciativa requieren de acuerdos y de resoluciones de las instituciones competentes.

La Ley dispone que no se podrán ejecutar desahucios en el estado de excepción y dos meses después. Permite a las partes llegar a acuerdos de pago del monto adeudado.

Para que los inquilinos puedan acogerse a este artículo, deben pagar 20% de los cánones adeudados y 30% en arriendos de locales. Todo esto está en vigor y no requiere reglamento legal.

Pero la abogada María Alejandra Cevallos recomienda, aunque no lo especifica la Ley, dejar todo acuerdo por escrito. Si hay conflicto, sugiere ir a un centro de mediación.

La prohibición del incremento en tarifas de servicios básicos, incluyendo los de telecomunicaciones, también comienza a regir desde este mes. Además, no se podrán hacer cortes del servicio por no pago durante el estado de excepción y hasta dos meses después.

Otro cambio inmediato es la rebaja de hasta el 25% en las pensiones educativas, incluidas las de universidades. Para ello, los representantes de los estudiantes tienen que demostrar que sus ingresos bajaron. El no pago de la pensión no generará inasistencias.

El contenido laboral de la ley no requiere de un reglamento o disposición ministerial para que pueda ser aplicado.

Desde que le ley entró en vigor, los empleadores y los trabajadores pueden negociar nuevas condiciones económicas de la relación laboral. Se pueden hacer contratacionesemergentes’ con horarios de 20 a 40 horas semanales.

Los empleadores también pueden bajar la jornada hasta en un 50% y notificar al trabajador de forma unilateral la fecha de las vacaciones o, a su vez, fijarlas como compensación por días de inasistencia.

Estas nuevas reglas deberán constar en un anexo a los contratos, expone Vanessa Velásquez, abogada laboral.

La experta considera que el Ministerio de Trabajo deberá actualizar la plataforma digital del Sistema Único de Trabajo (SUT) y emitir un instructivo para el registro de los acuerdos y de la reducción de la jornada.

En cuanto a la interpretación de la causal por fuerza mayor para terminar los contratos sin indemnización, la norma da directrices a los jueces para que puedan actuar en litigios.

La Ley determina que se podrá usar esta figura solo si se da el cierre total de la actividad económica del empleador.

En otros temas las entidades se adelantaron a la norma y emitieron resoluciones con beneficios para los usuarios.

Uno de ellos es la suspensión del cobro de multas e intereses por matriculación vehicular y revisión técnica generados en el estado de excepción.

La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, por ejemplo, aplica esta medida desde mediados de marzo. Con el nuevo marco legal, el ente dijo que la suspensión se mantendrá por el plazo fijado.

Otra entidad que se adelantó fue la Junta de Regulación Monetaria y Financiera al aprobar beneficio de diferimiento de cuotas de créditos. Los bancos aplican estos beneficios desde marzo. La Ley anota que la medida regirá durante el estado de excepción y hasta dos meses después de la emergencia.

La Agencia de Nacional de Control y Regulación de Electricidad (Arconel) publicó el 17 de junio nuevas tarifas de energía y se adelantó a la revisión que propone la norma.

Pero el ente deberá emitir una nueva resolución para la rebaja del 10% en el costo de los consumos de luz de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 para los hogares de bajos ingresos que señala la Ley.

En cambio, la Junta Monetaria tendrá 10 días para emitir un estudio que permita revisar las tasas de interés en todos los segmentos de crédito.

Los beneficios relacionados con la seguridad social tienen diferentes tratamientos.

Para acceder al seguro de desempleo en menor tiempo, como lo dicta la Ley humanitaria, no se requiere de una resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), señala Velásquez.

Por el contrario, el Consejo deberá regular las facilidades de pago a personas que ejerzan actividades económicas, las micro y pequeñas empresas, y otras firmas que no pudieron cumplir con sus obligaciones al IESS entre marzo y julio.

EL COMERCIO

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