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Un fallo judicial obliga a empresa y entidades a pedir disculpas 'por esclavitud moderna' en caso Furukawa

Un fallo judicial obliga a empresa y entidades a pedir disculpas 'por esclavitud moderna' en caso Furukawa

Los afectados por el caso de esclavitud moderna en la empresa Furukawa esperan una resolución por escrito sobre la decisión judicial que reconoció la vulneración de sus derechos.

Este lunes 18 de enero de 2021, los representantes del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, informaron que el magistrado Carlos Vera Cedeño debe notificar el dictamen para que se cumplan las disposiciones a favor de 123 extrabajadores de esa firma abacalera. La resolución se emitió oralmente el viernes 15 de enero de 2021 en la Corte de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, occidente del Ecuador. Se trata de uno de los primeros casos de "esclavitud moderna" que se conoce en el país, según el juez que trató la causa.

El Juez reconoció que existió una vulneración de derechos contra los obreros que, por más de 60 años, sufrían por salarios injustos, maltrato laboral, discriminación racial y trato no adecuado en los campamentos donde vivían en condiciones inhumanas, recordó la abogada defensora de los reclamantes, Patricia Carrión.

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo en una de las visitas a un campamento de la firma abacalera. Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo

Ella es miembro de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos que patrocinó a los ex trabajadores mediante una acción de protección que también fue apoyada por una decena de organizaciones sociales.

Carrión indicó que hace tres años los afectados decidieron levantarse en una lucha para denunciar lo que estaba ocurriendo en los campamentos.

Desde entonces su caso fue puesto en conocimiento de las autoridades del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Defensoría del Pueblo.

El fallo judicial dispone que se otorgue una medida de reparación integral y económica que tendrá que pagar Furukawa y que será fijada en una resolución posterior.

Además, se deben emitir disculpas públicas por parte de esa firma y otras instancias estatales por omisión. Esta publicación debe realizarse en los medios de comunicación donde constarán los nombres de todas las 123 personas.

La Cartera de Salud se encargará de brindar atención física y psicológica y la Secretaría de lo laboral hacer un seguimiento sobre las condiciones de trabajo.

En el marco de las diligencias para resolver este caso, funcionarios judiciales constataron la situación de vida de los afectados tras una visita en el campamento del kilómetro 42 de la vía Santo Domingo-Quevedo.

También se hicieron peritajes antropológicos que ayudaron a entender el contexto cultural y ámbito laboral. Los testimonios de una parte de los ex obreros fueron fundamentales para que el Juez tomara una decisión, según los abogados defensores.

Alejandra Zambrano, otra abogada defensora, aseguró que el reconocimiento de la vulneración de derechos es un primer paso para que se asuman las responsabilidades que en su momento no fueron atendidas.