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Audiencia penal define si el alcalde Yunda va a juicio

Las reuniones se realizaron a lo largo de la semana. Los 14 procesados dentro del caso por presunto peculado cruzaron información con sus abogados antes de la audiencia en la que se conocerá si van o no a juicio. Ellos están señalados por la Fiscalía por supuestas irregularidades en la adquisición de pruebas covid-19, por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

Los abogados trabajaron en estrategias para refutar los señalamientos que el fiscal Alberto Santillán prevé fundamentar en la audiencia preparatoria de juicio, que está convocada para las 09:30 de hoy.

El jurista Juan Pablo Albán, quien representa al alcalde de Quito, Jorge Yunda, dice que la Fiscalía no tiene argumentos.

Al Burgomaestre se lo acusa de ser el “autor mediato por dirigir un aparato de poder”. “Esto significa que lo ubican como líder de una organización criminal que habría movido los hilos para beneficiar a él o terceros”, indica Albán. El abogado rechaza esa acusación.

Hasta el viernes, la defensa de Yunda analizó si en la audiencia pedirá la nulidad al proceso o que se invaliden elementos que se recopilaron durante las investigaciones.

La Fiscalía confirmó a este Diario que 80 indicios serán presentados ante el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, el juez que dirigirá la diligencia.

Entre los elementos constan el contrato para adquirir 100 000 pruebas covid-19 por USD 4,2 millones, un informe de la Contraloría que establece responsabilidades penales por su adquisición, la declaratoria de emergencia que el Alcalde firmó para la ciudad, como una forma de frenar el coronavirus.

También están informes en los que constan los textos extraídos de cuentas de WhatsApp y de otros servicios de mensajería con los que se comunicaron los procesados.

Según las pesquisas, esto evidencia supuestas irregularidades en el proceso de compra-venta. En una conversación extraída del celular del representante de la empresa que vendió las pruebas se dice lo siguiente: “Hola equipo. Me acaba de solicitar (una proforma) el Secretario de Salud que no hay quién cumplan con los requisitos. Voy a mandarles este. Está un 99,9% seguro que nos van a comprar a nosotros”.

Además, se exhibirán documentos en los que el contrato entre la Secretaría de Salud y la compañía seleccionada se terminó por mutuo acuerdo.
La Fiscalía señala que la terminación debía ser unilateral, porque el vendedor no cumplió con el objeto del contrato.

Otros elementos que se entregarán al magistrado serán los estudios realizados por laboratorios sobre la eficacia de los insumos que llegaron a Quito. Según la Fiscalía, las pruebas entregadas detectan la enfermedad cuando una persona tiene una alta carga viral, pero en el contrato se establecía una sensibilidad y especificidad del 99%; es decir, mayor a las que llegaron.

En este caso de presunto peculado hay 14 procesados. Los primeros siete fueron detenidos en noviembre del 2020.

Hasta esa fecha, el principal acusado era Lenín Mantilla, quien dirigía la Secretaría de Salud y quien firmó el contrato. Hoy se encuentra prófugo.
Las investigaciones continuaron y tras una alerta sobre un supuesto ocultamiento de información en la Secretaría se realizaron nuevos allanamientos. Allí se vinculó a Yunda y a otras seis personas. Entre ellas están la actual secretaria de Salud, Ximena Abarca, y la asesora técnica Linda Guamán.

Nicolás Salas, abogado de Abarca, niega que se haya ocultado información del caso e indica que desde que asumió su cargo, en junio del 2020, no se realizaron más pagos.

María Dolores Miño, abogado de Linda Guamán, sostiene que su defendida no participó ni en la etapa de contratación ni en la finalización de esta. Manifiesta que es inocente.