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Demanda o reforma, posibles salidas a Ley de Educación que incrementa el gasto público en USD 3 000 millones

Demanda o reforma, posibles salidas a Ley de Educación que incrementa el gasto público en USD 3 000 millones

La reforma a la Ley de Educación Intercultural se publicó ayer en el Registro Oficial, con lo cual empezaron a correr los plazos para pagar los beneficios establecidos para los maestros, pese a que no tienen financiamiento definido.

El presidente Lenín Moreno remitió al Registro Oficial el documento aprobado por la Asamblea sin objeciones, pero luego su ministro de Economía, Mauricio Pozo, señaló que el documento debió ser vetado por inconstitucional y por ser inviable económicamente.

Entre los beneficios se establece subir la remuneración mensual básica del maestro a 1 000 y a partir de ahí ajustar el resto de tablas salariales.
Finanzas calcula el impacto de esta medida y otros beneficios en USD 3 000 millones al año, cuando el país atraviesa por una crisis fiscal.

El asambleísta Jimmy Candell, miembro de la Comisión legislativa que trató la Ley, insistió en que funcionarios del Ministerio habrían dicho a la Comisión que el costo de la Ley no superaba los USD 600 millones.

Por ello, dijo ayer que pidió la comparecencia del Ministro de Finanzas a la Comisión en esta semana para que “vaya a demostrar los nuevos datos” de costos de las medidas y “ver qué otro camino se puede buscar”.

“No puedo cerrarme, si hay un impacto económico tan fuerte, tenemos que buscar los mecanismos para que esto tenga una viable solución”, precisó Candell.

Pero la advertencia del Ministerio de Finanzas quedó por escrito en un oficio remitido en octubre del año pasado a la Comisión, donde se señaló que el Fisco no dispone de los recursos para cubrir las nuevas obligaciones.
Ismael Quintana, constitucionalista, ve pocas salidas.

Una es una reforma inmediata, pero eso tomará su tiempo y “habrá que ver si hay votos”.

Otro camino, quizá más viable, puede ser una demanda de inconstitucionalidad, pues dice que la reforma no cumple con la disposición superior de que todo nuevo gasto esté financiado. Pero esta salida también va a depender de los tiempos de la Corte Constitucional (CC). Por eso, el camino era que el Ejecutivo vete la Ley por inconstitucional antes de su envío al Registro Oficial, pero no lo hizo.

Candell señaló que el Ministerio de Finanzas ha recortado en el último año USD 900 millones a la educación, por lo que sugirió restituir esos dinero y así cubrir los nuevos beneficios.

Quintana señala que el recorte mencionado se refiere a las universidades, pero la CC ya se pronunció y avaló ese ajuste de gasto debido a que es una asignación atada a los ingresos tributarios y petroleros que han bajado. “No hay tal recorte a la educación”.

Santiago García, del Colegio de Economistas, consideró que, para hallar una salida, el primer aspecto que se debe aclarar es el costo de los nuevos beneficios. Luego, cree que la Asamblea debe revisar la Ley aprobada y dar claridad al financiamiento.

El experto cuestionó que el Presidente de la República haya justificado el envío del texto al Registro Oficial con un mensaje ambiguo como fue: “Entiendo que las bancadas de los dos candidatos presupuestaron los recursos para implementarla como manda la Constitución”.

Como eso no ocurrió y la norma ya está en vigencia, el letrado dijo que queda la opción de que cualquier ciudadano presente una demanda de inconstitucionalidad.

La Mesa de Estudios de la Seguridad Social, que reúne expertos, catedráticos y miembros de la sociedad, está analizando el impacto de la reforma en el IESS, pues la norma establece una jubilación anticipada para los maestros.
Ese grupo ciudadano no descarta una demanda de inconstitucionalidad.

“A lo mejor corresponda a la sociedad civil emitir algún pedido a los organismos correspondientes”, explicó Gladys Palán, miembro del Mesa.